CAPI propone que sólo pueda haber “indultos” si la Justicia emite informe favorable y se decide por mayoría cualificada del Parlamento

En la Confederación consideran imperativo reformar una polémica, arbitraria y poco transparente ‘Ley del Indulto’ cuya legislación actual, que data de 1870, otorga demasiado poder al gobierno de turno, atenta contra la separación de poderes y permite conceder ‘medidas de gracia’ de manera absolutamente discrecional.
Propone un modelo actualizado al siglo XXI, en el que el gobierno de la Nación sólo pueda indultar a un preso si cuenta con un informe favorable de la Justicia. Propone además la creación de una comisión parlamentaria y, sobre todo, exige la máxima transparencia del proceso, mediante la publicación y justificación de los expedientes de indultos concedidos.




Madrid, 11 de febrero de 2014


La Confederación Nacional de Agrupaciones Políticas Independientes (CAPI) considera inaceptable el hecho de que cada vez que hay cambios de gobiernos, cada Ejecutivo pretenda modificar y dejar su huella en la legislación española, como ha ocurrido con la ‘Ley del Aborto’ o con la nueva ley de educación, ‘LOMCE’. Sin embargo, es curioso que una norma, que proviene de 1870, como es la ‘Ley del Indulto’ nunca haya sido reformada y mejorada.


El presidente de CAPI, Carlos Delgado, señala que “estamos ante una legislación arbitraria, caduca e impopular, contraria al principio de separación de poderes y donde el Gobierno de la Nación, sin tener que dar ninguna explicación, aplica medidas de gracia que, en muchos casos, son contrarias a lo que en su día dictaminó la Justicia”.


Amparar la corrupción. Estamos ante una norma que ha abierto la puerta a que muchos presos juzgados por su vinculación directa o indirecta con la política pudieran ser excarcelados. “Todos recordamos que gracias a la aplicación de esta ley en el Caso Filesa o el Caso Gal, con Barrionuevo y Vera, algo similar a lo que podría ocurrir con Jaume Matas, ex presidente de Baleares. Una ley no puede servir para amparar los casos de corrupción, y más cuando hablamos de que no se cumplan las penas a las que condenan los tribunales por casos de prevaricación referidos a políticos, banqueros, empresarios o miembros del aparato del Estado…”


Desde la Confederación se apuesta por una reforma integral de la “Ley del Indulto’ y un modelo actualizado al siglo XXI, sin arbitrariedades, ni caprichos del poder donde en primer lugar se requiera de un informe favorable y vinculante de la Justicia para poder elevar e iniciar un expediente de indulto, posteriormente exista una comisión parlamentaria que tome una determinación mayoritaria y finalmente, una propuesta final al Gobierno de la Nación que tomaría su decisión, que justificaría y pondría a disposición pública de los ciudadanos.


“Como define la ley, estamos ante una ‘norma excepcional’. No parece muy normal que España sea uno de los países donde más indultos se concedan, con una media de 300-500 indultados/año, y sin tener que dar explicaciones por parte del ejecutivo. En Francia o Reino Unido, por ejemplo, se concede esta medida de gracia a una o dos personas anualmente. Queda claro que o estamos ante leyes penales incorrectas o injustas que obligan a ser laxos en la concesión de indultos o que tenemos una Ley de Indultas muy elaborada.”, finalizan desde CAPI.

*La Confederación de Agrupaciones Políticas Independientes (CAPI) nació para representar esa tercera vía política nacional, transversal  y reformista que se demanda en España.  CAPI es la confederación de partidos independientes más importante. Integran la misma fuerzas de multitud de regiones (Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Valencia, Galicia, Canarias, Extremadura...). Aglutina a los principales partidos locales de España, sumando cerca de 75.000 votos en las elecciones municipales, cuarenta alcaldías y unos 450 concejales. Destacan ADEIZA de Zamora (con cerca de 100 ediles, incluida la capital y 12 alcaldías en la provincia), Independientes por Extremadura (IPEX), con 60 ediles y varias alcaldías, Unión del Pueblo Salmantino, con 70 concejales, el Partido Regionalista de Castilla y León (PrCAL), con 90 ediles, Compromiso por Gran Canaria con dos concejales en la capital canaria, Compromiso con Aragón (CCA), con 52 ediles, Independientes de Almansa, con 3 ediles en la ciudad albaceteña, Renovación Política (Comunidad Valenciana) o Unión por Leganés-ULEG, 4 ediles y el partido vecinal con mayor número de votos (12.409) en una localidad en toda España, cuyo presidente, Carlos Delgado, también lo es de CAPI.