martes, 22 de abril de 2014

CAPI presentará mociones en los ayuntamientos donde está presente proponiendo medidas contra los aforamientos.



La Confederación Nacional de Agrupaciones y Partidos Políticos Independientes (CAPI) denuncia la injusticia que representa que unas 10.000 personas tienen el derecho en nuestro país de ser juzgadas por un órgano jurisdiccional distinto a los ciudadanos de a pie.


España es el país que más cargos públicos aforados tiene del mundo, contrastando claramente con democracias vecinas como las de Portugal o Italia, donde lo son tan sólo los presidentes de la República, o con Alemania o el Reino Unido, donde ni tan siquiera existe esta figura.

Esto posiciona a nuestro país a la cola de las democracias occidentales en lo referente a la igualdad ante la ley de sus ciudadanos, un privilegio injustificado y es una mancha negra más para la malograda “Marca España”.

La Confederación Nacional de Agrupaciones y Partidos Políticos Independientes considera inexplicable e injustif¡cado el hecho de que sea nuestro país el que tiene internacionalmente más extendida esta condición, a la par también que unos índices de corrupción galopantes, causa de muchas de sus desgracias y una de las principales preocupaciones de sus ciudadanos.

En palabras de Carlos Delgado, presidente de CAPI, “es normal que sean muchos los ciudadanos que estén en contra del privilegio del aforamiento, que crea ciudadanos de primera y segunda categoría, así como que duden de la imparcialidad e independencia del CGPJ, órgano competente para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo que en única instancia juzgará a muchos de los aforados políticos, teniendo en cuenta que es un fiel reflejo de la composición del Congreso y el Senado, ya que sus 20 miembros son designados a propuesta de los partidos en el Gobierno y pertenecientes a asociaciones de jueces con clara vinculación ideológica”.

En contra de esta situación, CAPI presentará mociones en los ayuntamientos donde esté presente para proponer medidas encaminadas a una amplia reforma legal y constitucional si es necesario para suprimir un privilegio que está blindando a la casta política y judicial en su sentido más amplio (en el ámbito político, son aforados el presidente del Gobierno y sus ministros, el presidente del Congreso y los diputados, el presidente del Senado y los senadores, los presidentes de los parlamentos autonómicos y los parlamentarios, el presidente y los consejeros del Tribunal de Cuentas, al igual que los del Consejo de Estado, y también lo es el Defensor del Pueblo, y en el ámbito judicial lo son el presidente y los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los presidentes del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, así como todos los jueces, magistrados y fiscales cuyos procesos penales pertenecen a los Tribunales Superiores de Justicia).



*La Confederación de Agrupaciones Políticas Independientes (CAPI) nació para representar esa tercera vía política nacional, transversal  y reformista que se demanda en España.  CAPI es la confederación de partidos independientes más importante. Integran la misma fuerzas de multitud de regiones (Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Valencia, Galicia, Canarias, Extremadura...). Aglutina a los principales partidos locales de España, sumando cerca de 75.000 votos en las elecciones municipales, cuarenta alcaldías y unos 450 concejales. Destacan ADEIZA de Zamora (con cerca de 100 ediles, incluida la capital y 12 alcaldías en la provincia), Independientes por Extremadura (IPEX), con 60 ediles y varias alcaldías, Unión del Pueblo Salmantino, con 70 concejales, el Partido Regionalista de Castilla y León (PRCAL), con 90 ediles, Compromiso por Gran Canaria con dos concejales en la capital canaria, Compromiso con Aragón (CCA), con 52 ediles, Independientes de Almansa, con 3 ediles en la ciudad albaceteña, Renovación Política (Comunidad Valenciana), Iniciativa Ciudadana por Paracuellos o Unión por Leganés-ULEG, 4 ediles y el partido vecinal con mayor número de votos (12.409) en una localidad en toda España, cuyo presidente, Carlos Delgado, también lo es de CAPI.