La Confederación Nacional de Agrupaciones Políticas
independientes (CAPI) luchará y pondrá en marcha una campaña en contra la
implantación de la “Ley
de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”
del PP en el Gobierno de la Nación, que pretende desposeer a los ayuntamientos
de competencias propias y fundamentales como servicios sociales, salud, empleo
y educación que son claves como administración más cercana y eficaz para
atender los problemas y necesidades del ciudadano con la falsa excusa de evitar
duplicidades y ahorrar 8.000 millones de euros, a favor de las diputaciones
provinciales y las comunidades autónomas.
Al contrario que el Gobierno de la
Nación, CAPI defiende el municipalismo y situar al ciudadano en el centro de la
gestión, como las claves para sacar a España de la actual crisis económica,
social y política. Igualmente, defiende que la participación ciudadana favorece
la cohesión social y apuesta por dotar a los ayuntamientos de una mayor
autonomía y de más recursos y competencias financiadas, con un reparto más
justo y equitativo en las transferencias económicas de los presupuestos
generales a las distintas administraciones públicas.
Madrid,
13 de noviembre de 2013
CAPI
se opone frontalmente a la implantación de la “Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”
planteado por el PP en el Gobierno de la Nación (y apoyada por los
nacionalistas vascos), que con la excusa de evitar duplicidades entre
administraciones y racionalizar costes, realmente "esconde desposeer a
los ayuntamientos de competencias propias", principalmente en materia
de servicios sociales, salud, empleo y educación en favor de las comunidades
autónomas y diputaciones autonómicas, y que “generará un desmantelamiento y
degradación de los servicios públicos, aumentará la burocratización de los
procesos, provocará una pérdida de los derechos adquiridos durante la
democratización de las administraciones, generará marginación política, podrían
peligrar la pérdida de más de 70.000 empleos, abrirá las puertas a la
privatización de los servicios y atentará contra la gestión municipal del
ciudadano y la participación ciudadana”.
Para
CAPI, la reforma de la administración local pretende hacer todo lo contrario a
lo que, desde hace años, defienden los partidos independientes de ámbito local
y regional integrantes de esta formación: el
"municipalismo" y "situar al ciudadano en el centro de la gestión
pública”. Dos de los conceptos claves para solucionar la actual crisis
económica, social y política actual. Como declara el presidente de la
Confederación, Carlos Delgado, “si finalmente el proyecto de ley, que
actualmente está en tramitación en el Senado, se aprueba como está previsto,
hablaríamos de uno de los mayores ataques durante la democracia a la autonomía
de los ayuntamientos, y sobre todo a los de los municipios más pequeños, de
menos de 20.000 habitantes, que representan el 80% de las 8.117 localidades de
toda España”.
Dos
años de plazo. El proyecto de ley
fija como fecha límite el 31 de diciembre de 2015 para que las competencias
locales pasen a ser titularidad de las comunidades o de las diputaciones. Desde
el Gobierno se anuncia que con el traspaso de competencias en materia de salud,
educación y servicios sociales, entre otros, se ahorren 8.000 millones de euros
en dos años: restando 473 millones de euros de los presupuestos generales,
3.422 millones correspondientes a la supresión de servicios sociales en los
ayuntamientos, 1.397 millones correspondientes a la eliminación de empresas
públicas, 1.037 millones por la gestión “integrada” de servicios y fusiones…
Desde
CAPI reivindican el papel de los ayuntamientos como administración más cercana
y sensible al ciudadano, capaz de atender de manera más rápida y eficiente a
sus demandas. Un hecho contrastado y más aún en estos tiempos de crisis donde
la demanda de los servicios sociales ha aumentado en un 75% y la pobreza ha
crecido en un 45%. Con la transferencia de competencias peligran no sólo
miles de puestos de trabajo, sino la atención de más de 2,6 millones de
beneficiarios de servicios sociales claves como la ayuda a domicilio, el apoyo
a familias en riesgo de exclusión, la inserción social, los albergues, los
comedores sociales, las residencias para mayores, los pisos tutelados, etc.
Además, se generarán “ciudadanos de primera”, que serán los que vivan en
grandes ciudades, “de segunda” en municipios hasta 20.000 habitantes, y sobre todo,
“de tercera”, municipios de menos de 20.000 habitantes que perderán incluso
competencias en materias esenciales como recogida y tratamiento de residuos,
limpieza, agua potable, acceso a las poblaciones y pavimentación de vía. En
general, se va a remarcar aún más la diferencia entre los ámbitos más urbanos y
los rurales. Incluso la reforma pretende
deslegitimar al pleno municipal, órgano de máxima representación política,
permitiendo a las juntas de gobierno local aprobar presupuestos y planes de
ajustes cuando se estén prorrogados. “Un atentado democrático en toda regla”.
Para
finalizar, Delgado apuntilla: “Queda claro que impulsar esta ley de reforma
de la administración local es un error. Su excusa basada en terminar con las
duplicidades y en ahorrar es una gran mentira del Gobierno del PP en la Nación. Los
ayuntamientos son las administraciones que menos derrochan, su deuda apenas
alcanza el 4% y cerraron sus cuentas con un superávit del 0,2% en el año 2012.
Claro que creemos que es necesario la racionalización, pero precisamente en el
sentido contrario. En CAPI creemos en la participación ciudadana y en la
cohesión social, que la administración local necesita más recursos y
competencias financiadas, un reparto más justo y equitativo frente a lo percibido
por comunidades autónomas y diputaciones provinciales, así como una mayor
autonomía. Sin embargo, la reforma de la administración local nos quiere
convertir en apéndices inútiles, sin capacidad de maniobra y sin posibilidad de
dar respuesta ni solución a los problemas de nuestros ciudadanos. Podremos todo
nuestro esfuerzo y capacidad para informar en qué consiste realmente esta nueva
ley y que salga a la luz”.
*La
Confederación de Agrupaciones Políticas Independientes (CAPI) nació para representar esa tercera vía política
nacional, transversal y reformista que
se demanda en España. CAPI es la
confederación de partidos independientes más importante. Integran la misma
fuerzas de multitud de regiones (Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha,
Aragón, Valencia, Canarias, Extremadura...). Aglutina a los principales
partidos locales de España, sumando cerca de 75.000 votos en las elecciones
municipales, cuarenta alcaldías y unos 450 concejales. Destacan ADEIZA de
Zamora (con cerca de 100 ediles, incluida la capital y 12 alcaldías en la
provincia), Independientes por Extremadura (IPEX), con 60 ediles y varias
alcaldías, Unión del Pueblo Salmantino, con 70 concejales, el Partido
Regionalista de Castilla y León (PrCAL), con 90 ediles, Compromiso por Gran Canaria
con dos concejales en la capital canaria, Compromiso con Aragón (CCA), con 52
ediles o Unión por Leganés-ULEG, 4 ediles y el partido vecinal con mayor número
de votos (12.409) en una localidad en toda España, cuyo presidente, Carlos
Delgado, también lo es de CAPI.
